33 prestaciones encontradas

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Tener entre 23 y 65 años (personas mayores de 18 años con hijos a cargo).
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social. 
  • Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • Estar inscritas como demandantes de empleo.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.
     
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.
     

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

Todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22)
  • Se firmarán convenios con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.
     

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

Período de solicitud

Se puede solicitar a partir del 15 de junio.

Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
Fecha prevista cobros

Se prevé que se cobre en el mes de junio, a medida que vayan llegando las solicitudes.

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Fecha de última modificación
15/06/2020

Los trabajadores autónomos a los que no se les haya reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

a) Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hallarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también en la Comunidad Foral, en la fecha de 14 de marzo de 2020.

  • En el caso de las y los trabajadores del sector cultural, el requisito respecto al IAE será haber estado de alta, al menos, 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores al 14 de marzo de 2020.
  • Están exentas del requisito relativo al IAE las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y quienes desarrollen actividades no sujetas en Navarra al Impuesto sobre Actividades Económicas (actividades agrícolas o forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio).

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) No haber tenido la obligación de pagar una cuota en la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2018.

d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

e) No haber cesado en su actividad y permanecer de alta como autónoma o autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, así como en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma y la de solicitud de la ayuda.

  • En el caso de las trabajadoras y trabajadores de las actividades del sector cultural (letra b) del apartado 2.1.2 del artículo 2 de la Orden Foral 17/2020), será suficiente con que hubiesen estado de alta, al menos, 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores al 14 de marzo de 2020. 

f) Acreditar que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se ha reducido en, al menos, un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.

g) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, mientras dure el estado de alarma:

  • 2.151,36€‬, con carácter general. Se incrementa 54€ por cada hijo a cargo en la UF o persona mayor de 65 años y en las familias monoparentales 81€ por cada hijo a cargo.
  • 2.689,2€, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 € por cada hijo a cargo.

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas.

b) Información contable que acredite la reducción de la facturación exigida para la obtención de la ayuda, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, del libro diario de ingresos y gastos, del libro registro de ventas e ingresos o del libro de compras y gastos.

c) Los demás documentos a que se hace referencia en el artículo 2 de la orden 17/2020.

a) 700 euros, la cuantía mínima establecida, o

b) 800 euros, cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los importes señalados en el artículo 3 de la Orden 17/2020.

Un único pago.

a) 700 euros, la cuantía mínima establecida, o

b) 800 euros, cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los importes señalados en el artículo 3 de la Orden 17/2020.

Serán compatibles con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Las personas autónomas interesadas  deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática,  a través de la página web oficial del Ejecutivo foral

Período de solicitud

Se puede solicitar desde el 2 de junio hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

La resolución se hará en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud.

Fecha prevista cobros

 En función de las solicitudes presentadas, el objetivo es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

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Fecha de última modificación
02/06/2020

Las trabajadores y trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

También las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda y las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

a) Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hallarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también en la Comunidad Foral, en la fecha de 14 de marzo de 2020.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) No haber tenido la obligación de pagar una cuota en la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2018.

d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

e) Tener reconocida la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

f) Comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria.

g) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, mientras dure el estado de alarma:

  • 2.151,36€‬, con carácter general. Se incrementa 54€ por cada hijo a cargo en la UF o persona mayor de 65 años y en las familias monoparentales 81€ por cada hijo a cargo.
  • 2.689,2€, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 € por cada hijo a cargo.

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas.

b) La resolución que reconozca el derecho a la prestación regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

c) Los demás documentos a que se hace referencia en el artículo 2 de la orden 17/2020.

2.200 euros.

Un único pago.

Cuantía fija/sin variables.

Las presentes ayudas serán compatibles con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Las personas autónomas interesadas  deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática,  a través de la página web oficial del Ejecutivo foral

Período de solicitud

Se puede solicitar desde el 2 de junio hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

La resolución se hará en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud.

Fecha prevista cobros

En función de las solicitudes presentadas, el objetivo es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

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Fecha de última modificación
02/06/2020

Las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad se dirigen a aquellas familias cuyos hijos e hijas percibían una beca de comedor escolar que estén en una situación de vulnerabilidad social detectada por los servicios sociales y que presenten necesidades de alimentos o productos básicos derivadas del estado de alarma.

Las familias no necesitan hacer ninguna gestión ni petición en relación con la beca comedor.

  • Residentes en Pamplona o Comarca: tarjeta de 53 euros para comprar productos de alimentación en cualquier establecimiento Eroski.
  • En el resto de Navarra: lotes de alimentos con productos de alimentación para una quincena. Después tarjeta de 27 euros para siguiente quincena.

Quincenal.

El Departamento de Derechos Sociales ha previsto 185.000 euros para las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad. Inicialmente, 1.000 kits y algo más de 3.000 tarjetas de compra.

Mientras dure el estado de alarma y se abran de nuevo los centros educativos. En principio, el reparto previsto cubre el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de abril, pero, en el supuesto de que no se reanude la actividad escolar para entonces, se recargarán las tarjetas para otro mes, y así hasta que se retome el curso.

Las familias no necesitan hacer ninguna gestión ni petición en relación con la beca comedor. Previamente a la entrega de alimentos o tarjeta, Cruz Roja contacta con ellas para identificar a una persona adulta de contacto y concretar un día de entrega.

  • Residentes en Pamplona o Comarca, Cruz Roja llamará para entregarle una tarjeta de 53 euros para comprar productos de alimentación en cualquier establecimiento Eroski.
  • En el resto de Navarra se envian lotes de alimentos. Estos lotes contienen productos de alimentación que cubrirán las necesidades del alumnado durante una quincena. Tras ese periodo, se entregará una tarjeta de la CAIXA, con una carga de 27 euros para la siguiente quincena, para utilizar en cualquier establecimiento de alimentación.
  • Quienes ni se les envíe tarjeta Eroski ni lote de alimentos recibirán una tarjeta de la CAIXA, con una carga de 53 euros, con la que comprar productos de alimentación, para utilizar en cualquier establecimiento.
Fecha inicio efectos

Desde el 16 de marzo.

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Fecha de última modificación
15/04/2020

Personas perceptoras o solicitantes de la Renta Garantizada.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento que en que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Se ha adaptado el trámite de solicitud y renovación a las circunstancias excepcionales del estado de alarma. Todos los trámites por vía electrónica se pueden realizar con normalidad. También se ha priorizado la valoración de los expedientes pendientes de resolver.

Período de solicitud

Se interrumpen los plazos en la tramitación y presentación de documentación.

Fecha inicio efectos

Hechos posteriores al 14 de marzo.

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Fecha de última modificación
15/04/2020

Personas perceptoras de la Renta Garantizada.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Se han aprobado 5 millones de euros adicionales para complementar la partida que financia la renta garantizada en 2020, 5 millones provienen del gobierno de Navarra y 1 millón del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Período de solicitud

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

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Fecha de última modificación
15/04/2020

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

La moratoria se ha prorrogado hasta finales de septiembre.

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Desde el 23 de abril en el plazo de un mes.

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
07/07/2020

  • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
  • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

Mensual

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Prorrogado hasta el 31 diciembre de 2020. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Artículo 22.

 Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

Período de solicitud

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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Fecha de última modificación
08/07/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

  • Personas deudoras hipotecarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según el artículo 16 y que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda habitual o,
  • Aquellas viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, para las que la persona propietaria o arrendadora haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de Alarma o hasta un mes después de su finalización.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente la total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Estas moratorias se podrán solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se ha ampliado hasta el 29 de septiembre de 2020

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Fecha de última modificación
26/04/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

Trabajadores autónomos en "situación de vulnerabilidad económica" según artículo 16 que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Hasta tres meses.

Fin moratoria: el pago de las cuotas hipotecarias se extenderá por el mismo periodo que haya sido efectiva la moratoria (aunque el deudor y la entidad acreedora podrán llegar a un acuerdo diferente).

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria finaliza en un mes y 15 días después de la finalización del Estado de Alarma.

Se otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses (solo se abonarían los intereses, no capital), para los inmuebles afectgos a una actividad turística

Fecha inicio efectos

Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

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Fecha de última modificación
07/07/2020