50 prestaciones encontradas

Trabajadores autónomos.

  • Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de abril de 2020. 
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social antes del 1 de abril 2020. Si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
  • No tener rendimientos netos computables de la actividad desarrollada por cuenta propia en el segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
  • Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 ingresos inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020.
  • El derecho a esta prestación se extingue si durante la percepción de la misma la persona solicitante llega a cumplir los requisitos para percibir la prestación ordinaria de cese de actividad o la prestación extraordinaria de cese de actividad compatible con la actividad por cuenta propia por reducción de ingresos.
  • Declaración jurada de los ingresos, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena. 
  • Autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso.
  • Un certificado de empresa y la declaración de la renta.

 

 

En general, el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

 

Mensual. 

  • La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le corresponda en función de la actividad.
  • Si dos o más miembros de una unidad familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad tienen derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%.

Máximo durante 4 meses. 

Las personas que perciban esta prestación y no estén cotizando por cese de actividad están obligadas a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.

  • La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la prestación por cese de actividad es además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

Se debe solicitar ante la Mutua Colaboradora a la que se esté adherido. 

Se debe comunicar a la entidad gestora los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de ingresos.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria está dirigida a trabajadores autónomos que no causan derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad, ni a la prestación compatible con la actividad por cuenta propia cuando haya caída de ingresos. Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el primer trimestre de 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el segundo y tercer trimestre de 2021.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en la seguridad social, pero las y los trabajadores autónomos quedan exonerados de la obligación de cotizar y dicho periodo se entiende como cotizado.

Esta prestación se ha prorrogado a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Período de solicitud
  • Si se solicita en los primeros 21 días naturales de junio, se puede cobrar la prestación con efectos de 1 de junio de 2021. 
  • Si no se solicita en dichos días, la prestación tiene efectos en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración será hasta el 30 de septiembre de 2021 como máximo. 

 

Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

Fecha prevista cobros

Esta prestación se puede empezar a cobrar con efectos de 1 de junio de 2021, siempre y cuando se solicite en los primeros 21 días naturales de junio. En caso contrario, la prestación tiene efectos en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración será hasta 30 de septiembre de 2021.

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Fecha de última modificación
31/05/2021

  • Trabajadores autónomos.
  • El titular del punto de suministro o algún miembro familiar que esté en situación de desempleo, ERTE o que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados.  

Personas destinatarias:

  • Persona titular del punto de suministro o algún miembro familiar que se haya visto afectada por medidas de regulación de empleo, en situación de desempleo o que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados. 
  • Personas trabajadoras autónomas que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial.

Requisitos

El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social no podrán alcanzar los siguientes ingresos: 

  • 939,9€ (1,5 veces la doceava parte del IPREM de 14 pagas), en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • 1.253,2€ (2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), cuando haya un menor en la unidad familiar;
  • 1.566,5€ (2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
  • Se incrementa el cálculo anterior en aproximadamente 300€ en caso de que el consumidor/a o algun miembro familiar tenga discapacidad igual o superior al 33%; acredita la situación de violencia de género; tenga la condición de víctima del terrorismo; situación de dependencia reconocida de grado II o III; y, que la unidad familiar esté integrada por un único progenitos y, al menos, un menor. 

 

 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable la persona consumidora tiene que remitir al comercializados de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable, junto con la siguiente documentación acreditativa:

  • Situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
  • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
  • Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

Descuento del 25% en el recibo con un límite sobre la energía consumida (ver requisitos en: más información).

Mensual.

  • Cálculo del descuento por condición de "vulnerable".
  • En base a los  ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud.
  • Hasta que reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
  • En cualquier caso, el derecho a percibir el bono en estos supuestos se extiende hasta el 31 de octubre de 2021. 

 

 

El usuario enviará al email de la comercializadora de referencia con la acreditación requerida y el modelo solicitud.

  • Acreditación incompleta: la comercializadora debe notificarlo en un plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
  • Acreditación completa: en el plazo de 5 días hábiles, comunicará el resultado mediante correo electrónico o mediante canal telefónico. 
  • Solicitud aceptada: en el correo se indicará la fecha de aplicación de la medida y en dicho plazo, en caso de que sea necesario, hay que realizar el cambio de comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

Empresa comercializadora de referencia.

A partir del Real Decreto Ley 30/2020 se amplía el periodo de descuento para personas autónomas y se contempla a otros consumidores/a eléctricos.

Esta medida supone poder acogerse a un 25% de reducción en la factura de la luz del hogar. Incluye como consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, en un ERTE o que hayan visto reducida su jornada laboral por cuidados, así como en caso de personas autónomas, hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial. 

Las personas destinatarias de esta medida aplicada durante la covid-19 se pueden beneficiar de la misma hasta el 31 de octubre de 2021. 

Fecha inicio efectos

30 de septiembre. 

Fecha prevista cobros

A partir del primer día del ciclo de la facturación en el que se haya recibido la solicitud.

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Fecha de última modificación
06/09/2021

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.
  • Mayores de 23 años (o ser mayores de edad o menores emancipados, en caso de tener menores a cargo). 
  • Personas mayores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 1 año antes de la solicitud. 
  • Personas menores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 3 años antes de la solicitud. 
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el momento de pedir la prestación. La obligación de la búsqueda activa de empleo se podrá cumplir en los seis meses siguientes al reconocimiento de la prestación.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual.
  • No ser administrador de derecho de una sociedad mercantil, independientemente de la valoración del patrimonio, que no haya cesado en su actividad.
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, así como para personas en exclusión social. 
  • Se suprime el límite de titulares del IMV en un mismo domicilio (hasta ahora 2), para eliminar las barreras de acceso que han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como para reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de compartir gastos.
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento. 
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho. En un principio, no habrá que presentar dicha documentación y la obtención de estos datos y la confirmación de los requisitos exigidos en este sentido lo hará la Administración. Sin embargo, cuando no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación, se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto.

Se contempla que los servicios sociales, y transitoriamente las entidades del tercer sector, puedan acreditar situaciones de riesgo de exclusión social en las que, por ejemplo, el domicilio real de la persona beneficiaria no se corresponde con el del padrón o en los supuestos de convivientes sin vínculo de parentesco.

 

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

En general, todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, siempre que a esa fecha se cumpliesen todos los requisitos.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22).
  • Las solicitudes correspondientes a personas con residencia en el País Vasco se deben presentar únicamente a través del servicio sin certificado digital.

Seguridad Social. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

 

Período de solicitud
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 31 de diciembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.  
  • La resolución y la notificación se hará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en el registro de solicitud. Si transcurre dicho plazo sin que se notifique una resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, si en esa fecha se cumplían todos los requisitos.
  • En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha, la prestación se cobrará el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

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Fecha de última modificación
05/02/2020

Los trabajadores autónomos a los que no se les haya reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

a) Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hallarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también en la Comunidad Foral, en la fecha de 14 de marzo de 2020.

  • En el caso de las y los trabajadores del sector cultural, el requisito respecto al IAE será haber estado de alta, al menos, 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores al 14 de marzo de 2020.
  • Están exentas del requisito relativo al IAE las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y quienes desarrollen actividades no sujetas en Navarra al Impuesto sobre Actividades Económicas (actividades agrícolas o forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio).

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) No haber tenido la obligación de pagar una cuota en la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2018.

d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

e) No haber cesado en su actividad y permanecer de alta como autónoma o autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, así como en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma y la de solicitud de la ayuda.

  • En el caso de las trabajadoras y trabajadores de las actividades del sector cultural (letra b) del apartado 2.1.2 del artículo 2 de la Orden Foral 17/2020), será suficiente con que hubiesen estado de alta, al menos, 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores al 14 de marzo de 2020. 

f) Acreditar que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se ha reducido en, al menos, un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.

g) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, mientras dure el estado de alarma:

  • 2.151,36€‬, con carácter general. Se incrementa 54€ por cada hijo a cargo en la UF o persona mayor de 65 años y en las familias monoparentales 81€ por cada hijo a cargo.
  • 2.689,2€, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 € por cada hijo a cargo.

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas.

b) Información contable que acredite la reducción de la facturación exigida para la obtención de la ayuda, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, del libro diario de ingresos y gastos, del libro registro de ventas e ingresos o del libro de compras y gastos.

c) Los demás documentos a que se hace referencia en el artículo 2 de la orden 17/2020.

a) 700 euros, la cuantía mínima establecida, o

b) 800 euros, cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los importes señalados en el artículo 3 de la Orden 17/2020.

Un único pago.

a) 700 euros, la cuantía mínima establecida, o

b) 800 euros, cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los importes señalados en el artículo 3 de la Orden 17/2020.

Son compatibles con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Las personas autónomas interesadas deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática,  a través de la página web oficial del Ejecutivo foral

Período de solicitud

Se puede solicitar desde el 2 de junio hasta el 31 de julio de 2020. A partir de esta fecha Únicamente pueden realizarse subsanaciones de ayudas presentadas.

 

Fecha prevista cobros

En función de las solicitudes presentadas, el objetivo es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

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Fecha de última modificación
31/07/2020

Las trabajadores y trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

También las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda y las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

a) Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hallarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también en la Comunidad Foral, en la fecha de 14 de marzo de 2020.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) No haber tenido la obligación de pagar una cuota en la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2018.

d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

e) Tener reconocida la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

f) Comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria.

g) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, mientras dure el estado de alarma:

  • 2.151,36€‬, con carácter general. Se incrementa 54€ por cada hijo a cargo en la UF o persona mayor de 65 años y en las familias monoparentales 81€ por cada hijo a cargo.
  • 2.689,2€, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 € por cada hijo a cargo.

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas.

b) La resolución que reconozca el derecho a la prestación regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

c) Los demás documentos a que se hace referencia en el artículo 2 de la orden 17/2020.

2.200 euros.

Un único pago.

Cuantía fija/sin variables.

Mientras sigan vigentes las ayudas económicas específicas para el colectivo de profesionales autónomos o autónomas establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 o a las medidas adoptadas por causa de la misma, se suspenderá el abono de renta garantizada en el supuesto de las unidades perceptoras de la misma a las que se les haya reconocido alguna de las citadas ayudas económicas, cuando superen las cuantías de renta garantizada que les corresponden por número de miembros.

Las personas autónomas interesadas deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática,  a través de la página web oficial del Ejecutivo foral

Período de solicitud

Se puede solicitar desde el 2 de junio hasta el 31 de julio de 2020. Únicamente pueden realizarse subsanaciones de ayudas presentadas.

Fecha prevista cobros

En función de las solicitudes presentadas, el objetivo es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

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Fecha de última modificación
31/07/2020

Las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad se dirigen a aquellas familias cuyos hijos e hijas percibían una beca de comedor escolar que estén en una situación de vulnerabilidad social detectada por los servicios sociales y que presenten necesidades de alimentos o productos básicos derivadas del estado de alarma.

Las familias no necesitan hacer ninguna gestión ni petición en relación con la beca comedor.

  • Residentes en Pamplona o Comarca: tarjeta de 53 euros para comprar productos de alimentación en cualquier establecimiento Eroski.
  • En el resto de Navarra: lotes de alimentos con productos de alimentación para una quincena. Después tarjeta de 27 euros para siguiente quincena.

Quincenal.

El Departamento de Derechos Sociales ha previsto 185.000 euros para las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad. Inicialmente, 1.000 kits y algo más de 3.000 tarjetas de compra.

Mientras dure el estado de alarma y se abran de nuevo los centros educativos. En principio, el reparto previsto cubre el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de abril, pero, en el supuesto de que no se reanude la actividad escolar para entonces, se recargarán las tarjetas para otro mes, y así hasta que se retome el curso.

Las familias no necesitan hacer ninguna gestión ni petición en relación con la beca comedor. Previamente a la entrega de alimentos o tarjeta, Cruz Roja contacta con ellas para identificar a una persona adulta de contacto y concretar un día de entrega.

  • Residentes en Pamplona o Comarca, Cruz Roja llamará para entregarle una tarjeta de 53 euros para comprar productos de alimentación en cualquier establecimiento Eroski.
  • En el resto de Navarra se envian lotes de alimentos. Estos lotes contienen productos de alimentación que cubrirán las necesidades del alumnado durante una quincena. Tras ese periodo, se entregará una tarjeta de la CAIXA, con una carga de 27 euros para la siguiente quincena, para utilizar en cualquier establecimiento de alimentación.
  • Quienes ni se les envíe tarjeta Eroski ni lote de alimentos recibirán una tarjeta de la CAIXA, con una carga de 53 euros, con la que comprar productos de alimentación, para utilizar en cualquier establecimiento.
Fecha inicio efectos

Desde el 16 de marzo.

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Fecha de última modificación
15/04/2020

Personas perceptoras o solicitantes de la Renta Garantizada.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento que en que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Se ha adaptado el trámite de solicitud y renovación a las circunstancias excepcionales del estado de alarma. Todos los trámites por vía electrónica se pueden realizar con normalidad. También se ha priorizado la valoración de los expedientes pendientes de resolver.

Período de solicitud

Se interrumpen los plazos en la tramitación y presentación de documentación.

Fecha inicio efectos

Hechos posteriores al 14 de marzo.

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Fecha de última modificación
15/04/2020

Personas perceptoras de la Renta Garantizada.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Período de solicitud

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

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Fecha de última modificación
01/02/2021

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

Hasta máximo 4 meses. 

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
03/10/2020

  • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
  • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

Mensual

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Hasta el 14 de septiembre. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

Período de solicitud

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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Fecha de última modificación
16/09/2020