Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional

Vivienda - Alquiler

  • Personas arrendatarias.
  • Personas o familias afectadas por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y con la imposibilidad de encontrar alternativa habitacional.
  • En caso de que las personas arrendadoras (caseros) acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica, deberá comunicarse a los servicios sociales para la adopción de las medidas correspondientes.

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir que:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) En el caso de las familias afectadas por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento y cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo: los propietarios de estos inmuebles deben ser personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Máximo 6 meses.

  • Desde el 2 de abril d 2020 (entrada en vigor del RD Ley 11/2020) y, tras las últimas medidas, hasta el 30 de septiembre de 2022. 
  • Hasta la fecha que figure en el decreto del Juzgado (atendiendo al informe de los Servicios Sociales).

Transcurrido el plazo fijado o cuando finalice el estado de alarma: se reanudará el cómputo de los 10 días o señalará fecha para la vista.

  • Enviar un escrito al Juzgado acreditando los requisitos y acompañándolo con los documentos requeridos.
  • Pedir un Informe de los servicios sociales competentes. Si acreditas ante el Juzgado que te encuentras en situación de vulnerabilidad, es el letrado de la Administración de Justicia quien deberá comunicarlo a los servicios sociales para su consideración durante el plazo de suspensión extraordinaria.
  • La presentación del escrito alegando una situación de vulnerabilidad económica implica el consentimiento para que este se traslade a los servicios sociales. 

Administración de Justicia y Servicio Sociales referentes.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

Personas inquilinas que tengan la imposibiidad de encontrar alternativa habitacional y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (aunque la situación no haya sido provocada directamente por la crisis sanitaria), podrán solicitar directamente ante la Administración de Justicia la suspensión del procedimiento de desahucio, que se aplicará durante máximo 6 meses. Transcurrido el plazo fijado para la suspensión del desahucio, se reanudará el cómputo de los 10 días o se señalará fecha para la vista.

Se prorrogan las medidas de suspensión de desahucios hasta el 30 de septiembre de 2022.

Período de solicitud

Ver normativa.

Fecha inicio efectos

Carácter retroactivo a la fecha en que se produjo la situación(es) de vulnerabilidad social o económica sobrevenida.

Fecha de última modificación
23/02/2022